- Con un puntaje de 95,7 sobre 100, la compañía se destacó como una de las organizaciones con mejor estrategia de inversión social y ambiental en Colombia, según el Índice de Inversión Social Privada 2022 de la firma Jaime Arteaga & Asociados.
- Dentro de las cinco dimensiones que se evalúan, ISA obtuvo un resultado sobresaliente en las dimensiones de Sinapsis y Focalización.
- En la sexta edición de la medición participaron 151 de las compañías más grandes de Colombia, cuyas ventas anuales equivalen al 58 % del PIB del país.
- Cerca del 96 % de la población beneficiada con los programas sociales y ambientales de ISA en Colombia es rural y cerca del 99 % está en condición de vulnerabilidad, otorgando un respaldo para el desarrollo de los territorios y la reactivación económica.
En la edición 2022 del ranking de Inversión Social Privada (IISP), ISA se destacó, por sexto año consecutivo, en el top de las cinco compañías con mejor estrategia de inversión social voluntaria en Colombia, este año escaló dos posiciones quedando en tercer lugar. En el resultado general, la compañía obtuvo un puntaje de 95,7 sobre un máximo posible de 100 puntos, lo que da cuenta de su apuesta por la reactivación y por el desarrollo socioeconómico de los territorios y las comunidades en las zonas donde tiene presencia.
El Índice mide la gestión de las empresas, en materia de sostenibilidad, a través de cinco dimensiones: Alineación, Gestión, Sinapsis, Focalización y Reconocimiento. En Sinapsis, la compañía obtuvo 100 puntos por su capacidad de articulación con terceros para lograr un mayor impacto en su inversión social. De la misma manera, en la dimensión Focalización obtuvo 100 puntos por ser una de las compañías más reconocidas por sus actividades de inversión social privada y responsabilidad social empresarial en grupos poblacionales.
“Construir para y con los territorios es un ejercicio que ha estado en el espíritu de ISA desde su origen, como una forma de actuar bajo el diálogo y la escucha permanente. Este reconocimiento nos llena de satisfacción y celebramos con emoción que nuestra misión continúa transcendiendo el límite de nuestros negocios. Ahora, cuando el mundo aún necesita reactivarse económicamente, nuestro compromiso con la generación de Valor Sostenible nos permite enfocarnos en contribuir de manera contundente al progreso de las comunidades y a la mitigación de la emergencia climática que vivimos”, dijo Juan Emilio Posada, presidente de ISA.
En 2021, ISA destinó el 34,4 % de su inversión social voluntaria en temas de infraestructura comunitaria, el 20.7 % en educación, el 14,7 % en temas de integración comunitaria y convivencia y más del 6,0 % para ayuda humanitaria, pilares fundamentales para la cohesión de las comunidades en las áreas de influencia, logrando impactar a 499 mil personas.
Cerca del 96 % de la población beneficiada con los programas sociales y ambientales de ISA en Colombia es rural y cerca del 99 % es población en condición de vulnerabilidad.
Además, cabe destacar que, recientemente siete municipios del Caribe colombiano presentaron sus Agendas de Desarrollo Sostenible, como una poderosa herramienta de gestión política, económica, social, cultural y ambiental en la creación de un futuro sostenible para los próximos 20 años.
Este ejercicio voluntario es impulsado por Conexiones para el Desarrollo, programa de ISA y sus empresas en alianza con el PNUD Colombia y la Fundación Barco, como un legado para que las presentes y futuras generaciones sean protagonistas en la construcción y gestión de su bienestar. Un trabajo contenido en diferentes frentes de acción como igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, educación inclusiva y de calidad, liderazgo y participación, paz, identidad y orgullo de su legado étnico y cultural, promoción de su riqueza turística con responsabilidad ambiental, entre otros.
Sobre el IISP
El Índice de Inversión Social, que realiza la firma Jaime Arteaga y Asociados anualmente desde 2017, se basa en una metodología diseñada por el Banco Mundial para medir el impacto de la inversión no obligatoria de las empresas en proyectos de interés social, ambiental y cultural que beneficien a la población más vulnerable del país y que contribuyan a la superación de la pobreza y a la inclusión social, a través de la adecuada articulación de recursos públicos y privados con destino social.
